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Reformatio in peius
REFORMATIO IN PEIUS
En la prevista reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, está previsto que la instrucción o investigación de los delitos ya no la realice el Juez de Instrucción, sino que a partir de la reforma lo hará el Ministerio Fiscal.
Esta noticia ha pasado casi inadvertida, y constituye el mayor ataque a la Justicia y al Estado de Derecho desde los tiempos del Tribunal especial para la represión del comunismo y la masonería.
Para poder comprender el verdadero alcance de tan perversa reforma, veamos primero un par de premisas acerca del sistema procesal Penal español:
1-La investigación (Instrucción) de un delito se lleva a cabo por un Juez, el juez de instrucción. Es el Juez el que dicta órdenes de prisión, registros, declaraciones, testigos, etc….; y el que tiene a la Policía y a todos los demás órganos del Estado a sus órdenes. Es un poder de Estado, poder para impartir justicia y, en este caso, investigar delitos. Es totalmente independiente tanto del Gobierno como del Congreso, así como de las Comunidades Autónomas.
2-El Fiscal defiende la Ley. Y punto. (Tiene algunas atribuciones más, pero son residuales. Su fin principal es ese, defensor de la Ley). No le importa si la ley es injusta o no: Surgida de la voluntad popular, el Fiscal, así, defiende lo que se considera el interés del Estado, de todos. Son funcionarios, miembros del Ejecutivo; el Fiscal General del Estado lo nombra el Gobierno, y se rigen por los principios de Jerarquía, legalidad y uniformidad. No son independientes, sino que es el Gobierno el que les da las directrices a seguir.
Ahora que ya tenemos claras estas dos premisas, la pregunta surge inevitablemente: ¿Por qué es tan peligrosa la reforma prevista por el Ministro Gallardón, que elimina la facultad de investigar un delito al Juez y se la traslada al Fiscal? Muy sencillo, porque esta reforma no implica un cambio en el Estatuto del Fiscal. Dicho de otra forma: Que el Fiscal seguirá siendo el mismo, no será independiente.
Un Fiscal no independiente investigará sólo aquellos delitos que el Gobierno le diga que investigue, y los investigará de la forma en que el Gobierno le diga que los investigue. No incurrirá en ilegalidades, pues el responsable de decidir qué es conforme a Ley o no es él. A niveles modestos, de delitos más o menos usuales (robos, agresiones, etc…) las cosas no cambiarán mucho. Pero cuando avanzamos hacia aquellos delitos que tengan implicaciones políticas y/o sociales, el riesgo de que la instrucción a realizar por el Fiscal sea mala, o directamente, ni exista, es muy alto.
Tenemos un ejemplo bastante reciente: En el Caso Noos, la imputación de Cristina de Borbón ha sido recurrida por el Fiscal…., que anteriormente había destapado el caso. (¡) Otro más: La imputación a Miguel Blesa, ex-presidente de Caja Madrid, ha tenido la esperpéntica situación de que el Fiscal le apoyaba incluso más y con más vehemencia que su propio abogado defensor.
Afortunadamente, todavía es el Juez el que dirige la Instrucción y el Fiscal es sólo una parte más del proceso, una parte importante, por supuesto.., pero no la que lo dirige.
Imponer la facultad al Fiscal de instruir los delitos, dándole los oportunos poderes para ellos (poderes sobre la Policía y demás FSE) sin convertirlo en una figura parte del poder judicial TOTALMENTE INDEPENDIENTE, consiste, simplemente, en despojar al poder Judicial de sus facultades; a partir de ahora, será el propio gobierno, por medio de sus fiscales, el que decidirá qué delitos se investigan, y cómo.
No ve valen las excusas de que así se descargan los juzgados de Instrucción de trabajo; para eliminar ese problema se pueden dotar a los Juzgados de más y mejores medios, o directamente, hacer más. ¿Y la absurda excusa de que, en definitiva, el Juez de Instrucción controlará la instrucción y podrá corregir al Fiscal? Valiente tontería. El Juez podrá, en efecto, hacer todo eso…., siempre y cuando el delito llegue a su Juzgado. Si, en fin, el Fiscal decide no investigar el delito que sea, o hacerlo mal, ningún Juez podrá ordenarle que lo investigue o lo investigue bien. Simplemente, porque ya no tendrá competencias para ello.
Y la tercera argumentación: Que en varios países de nuestro entorno, el más conocido USA, es el Fiscal el que investiga. Ciertamente así es, pero el Fiscal es completamente independiente, no es nombrado por el Gobierno ni depende del mismo, llegando a ser elegido por votación en algunos casos (típico ejemplo de USA).
Esta es la reforma de la Ley de enjuiciamiento Criminal que pretende el ínclito Ministro Gallardón. Es de esperar y desear que el Tribunal Constitucional se lo cargue, por atentar contra la división de poderes. Pero mientras es aprobada o no, la justicia habrá sido secuestrada por el Gobierno para que persiga únicamente sus fines.
Y ya sabemos todos que la Justicia no es uno de los pilares que sustentan a los gobiernos, y a éste mucho menos aún.
