Vuelve pronto
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Justicia de Saldo
En estos tiempos y en esta sociedad en la que vivimos, en la que los economistas son adorados como Dioses (“¡Esto es en lo que creemos!”, dijo una iracunda Margareth Thatcher al presidente de la Polonia Comunista mientras esgrimía “Camino de Servidumbre” del economista Friedich Hayek), en que se les galardona con falsos premios Nobel (La fundación Nobel jamás ha otorgado premio alguno de Economía, ni ha tenido la intención de hacerlo. Es el Banco Central de Suecia el que lo hace, usurpando el nombre), en que sus simples ideas y exposiciones se convierten en dogmas de fe cuyos resultados pueden (y de hecho, lo son) terriblemente gravosos para miles y millones de personas, el último reducto contra la locura economicista y la monetización de la vida social debe de ser, el Derecho.
Afortunadamente, las indignas tasas judiciales impuestas por el anterior Ministro de Justicia, fueron derogadas (No en su totalidad, por otra parte. Las personas jurídicas las siguen sufriendo, lo cual me parece una tremenda aberración); ese era el último eslabón de una cadena que amenazaba con convertir todo el sistema judicial español en un simple análisis contable. Sus objetivos eran dobles: Por una parte, evitar que cualquier persona, incluso aquellas que no tuviesen recursos, pudiesen pleitear libremente en defensa de sus derechos. Y en segundo lugar, transformar las bases de la Justicia misma, apartando sus valores intrínsecos por otros directamente extraídos de manuales de Economía (generalmente neoliberal); cambiar criterios tales como Justicia y Equidad por otros como Coste-Beneficio y Oferta-Demanda.
Que tras ello se oculta una intención política y de poder es cierto, pero no es de ello de lo que hablaremos, sino del medio que utiliza, cual es la monetarización de la justicia.
Si todo ha de regirse por criterios económicos, si todas las acciones judiciales deben de ser eficientes económicamente, si los plazos procesales deben de regularse de acuerdo con criterios de optimización monetaria, si el acceso a la justicia está basado en criterios fiscales y de tributación, si, en fin, el principio que regula toda reforma jurídica, sea del tipo que sea, tiene como trasfondo básico una realidad económica, entonces podemos decir que la Justicia estará definitivamente muerta.
Cuando leemos noticias tales como de que Fondos de Inversión (o, directamente sin eufemismos, Fondos Buitre) invierten en pleitos, la sensación que tengo es una mezcla de incredulidad y rabia. Resulta inconcebible que se permitan tales actores jurídicos, cuyo único fin es el de acumular capitales, sin más. No invierten, no crean, no fabrican, no cultivan, no producen…; su beneficios son ficticios, sus capitales solo humo, sus intereses se reducen a más dinero, porque nunca es suficiente.
Tratados como el TIPP o el TISA, de los que hablaremos en otra ocasión, pretenden que todas las actuaciones judiciales se privaticen, y los despachos de abogados se conviertan en empresas en lo que prime sea el beneficio obtenido de sus clientes. ¿Será importante que el cliente haya visto reconocido su derecho y satisfecha su petición judicial? Sí o solo sí esto conlleva un beneficio mayor para el despacho, nada más. Directamente se le tratará como una cifra más en el libro de contabilidad.
Conviene recordar, a este respecto, que el dinero, el capital, es más que un simple medio de intercambio de bienes y servicios. De acuerdo con la concepción neoliberal del mismo (aunque jamás lo admitirán, y que tampoco es necesariamente la que yo comparta), es un sistema de medición de la riqueza de personas, empresas y Estados, así como un modo de determinar su relevancia social. Si, queridos lectores: El dinero, la disponibilidad o acceso al mismo, es lo que marca la diferencia entre la gente que importa de la que no. Monetarizar la justicia significa, así, que los grandes principios recogidos en las constituciones modernas, así como los Derechos que en ellas se reconocen y garantizan, quedan supeditados a un sistema de medición puramente monetario.
Esto no puede ser así, no debe de ser así. Milenios de ciencia jurídica no pueden consentir que el Derecho sea vilipendiado y prostituido de esta forma. Tal vez sea por envidia que los economistas tienen a los juristas que intentan desprestigiar y/o ridiculizar nuestros principios e ideas (la supuesta “ciencia económica” es una enorme falacia, pues ni tiene metodología científica, ni sus conclusiones son acertadas, ni sus realidades constatables), o tal vez sea por los más perversos motivos políticos expresados arriba; pero el caso es que cualquier jurista que se digne en llamarse tal, no pude aceptar esta nueva moda de ver todo lo Legal como cifras y número macroeconómicos.
El fin último del Derecho es la Justicia, que se basa en diversas concepciones morales de acuerdo con unas coordenadas espacio-temporales determinadas. No se puede consentir que un sistema judicial cualquiera quede en manos de los grandes capitales mundiales, sean cuales sean. Los criterios que han de regir los sistemas judiciales han de ser la Justicia, la equidad, la igualdad, la libertad, etc…; no es necesario que sean los mismos en todos los ordenamientos, pero sí que no están contaminados por esa ponzoña economicista, pues cual virus maligno, infectarán todo el ordenamiento jurídico convirtiéndolo en una simple cuenta de resultados, independientemente de los Justo o no de sus resoluciones.
Hemos de enfrentarnos con firmeza todos los operadores jurídicos, especialmente los abogados, para evitar que nuestra función se reduzca a la de un simple asalariado de una empresa, en este caso “Justicia S.A.”, en la que únicamente importarán los beneficios anuales y todo se regirá de acuerdo con lo que establezcan los tan reconocidos e inhumanos “hombres de negro”, los pérfidos economistas.
Pos si alguien no se ha dado cuenta aún, la Justicia es ciega, lleva una espada y una balanza…, y no tiene bolsillos.
